PARTE I
Empecemos por lo obvio. Actualmente, la violencia en México tiene manifestaciones indignantes; los allegados al régimen dirán que todo se jodió bajo el proyecto político de 2006 (argumentos posiblemente válidos); los distanciados dirán que ha aumentado exponencialmente en el proyecto político de la T T T T (4T). Sin embargo, como aquí no hay payola, podemos decir que el inicio fue caótico pero el mantenimiento de este fenómeno nos postula un proyecto uniforme donde las diferentes fuerzas políticas se sienten muy cómodas difundiendo discursos alejados de derechos humanos y principios humanistas o constitucionales. Es decir, hicieron bien la tarea, pues sin importar el color de la bandera (o banderas) que tienen en el pecho la violencia, los esfuerzos denotan más un proceso cognitivo de justificar la escalada (incluso a arenas institucionales) que estructurar actos eficientes para mitigar este cáncer que ha dejado nuestra tierra color carmín y nuestra sociedad llena de ausencias.
Si mi argumento causa dudas, es preciso mencionar las diversas masacres que, en León, Apaseo el Grande, Cortazar, Celaya e Irapuato, (por mencionar algunas ciudades) se han suscitado en un terreno donde el cielo es más azul. O bien los tráilers de Jalisco con decenas de cuerpos; lugar caracterizado por un astro rey anaranjado; o incluso las camionetas repletas de personas en Sinaloa o Baja California donde los vinos son más guindas. Lo común de estos lugares es que los escritores (de prensa y gubernamentales) no se desgastan en pensar nuevos discursos, sino que se postulan ideas de revictimización, justificación o normalización de los atentados cada vez más aterradores contra las mexicanas y mexicanos que coexistimos en este terreno al parecer, al grito de guerra.
Estos discursos basados en la lógica judeocristiana que se sostiene entre recompensas y castigos ha promulgado un catálogo de actos que traen consigo, como aquel principio newtoniano, una reacción a toda acción. Esta será positiva o negativa acorde con el tipo de tu acto. Sin embargo, la lógica capitalista que postuló al cuerpo como su «mercancía» más sólida para construir plusvalía o plusvalor (de acuerdo a que tan ortodoxa sea tu postura) ha recuperado la profanación del cuerpo como método represivo de «justicia», la cual puede culminar (de acuerdo con la pena a retribuir) con la vida misma de los sujetos.
Habrá quien diga «tío lo que refiere es mentira» en la era del capitalismo se han sofisticado los métodos de impartición de justicia a través de tribunales y cuerpos judiciales sólidos en países altamente democratizados. Ha construido los derechos humanos y ha consumado una corte internacional que persigue crímenes tan indignantes como la represión sistemática y violenta de los gobiernos hacia las personas. Sin embargo, problematicemos lo que ha dejado este sistema y basémonos en lo que busca: coltán, petróleo, litio, cobre, etc. A su paso por la recolección de estos insumos para su existencia ha propiciado guerras en el Congo, Siria, Afganistán, Somalia, Ucrania, Myanmar, entre otras. Estos conflictos bélicos han dejado entrever los castigos ejercidos a rehenes, mujeres, niños y enemigos y que a nadie parece inmutarle, porque los países “poderosos” continúan promoviendo luchas internas en territorios altamente codiciados por recursos o ubicación geopolítica. Pido disculpas porque mi intención no es banalizar pugnas geopolíticas reduciendo irresponsablemente sus complejidades en un solo párrafo, además que esas explicaciones se las dejo a los expertos; busco poner en la mesa la relación cultural entre capitalismo, conflicto militarizado y sofisticación de herramientas de tortura, castigo y profanación del cuerpo humano.
Estos conflictos, desde mi punto de vista, ponen en vanguardia los métodos de degradación, y exhibición de las atrocidades cometidas entre rivales. La exposición de estos actos es un bonus que nos da el capitalismo, es época de comercializar con el cuerpo, pregúntenle a los influencers, incluso cuando el cuerpo muere. En estas pruebas, México no ha reprobado (a diferencia de la prueba PISA), en estas tierras donde retiembla la tierra al sonoro rugir del cañón, la guerra contra el narcotráfico nos ha dejado diferentes bandos: Apoyo gobierno-rechazo narcotráfico y rechazo gobierno-rechazo narcotráfico. Me atrevería a postular una tercera relación bajo la gran duda de que esto en términos del sentido común sea reconocida por un grupo importante de la sociedad como las anteriores; me refiero a la relación rechazo gobierno- apoyo narcotráfico, principalmente fomentada desde la narco cultura que no está por demás expresar que ha expuesto una expresión diferente a las conocidas en los medios sobre las personas narcotraficantes. Creo que por el principio aristotélico de no contradicción la conjunción apoyo gobierno-apoyo narcotráfico está descartada o bien, lo ponemos a debate en otro título.
Entonces, si estamos a favor del gobierno ¿qué apoyamos? Tras la guerra contra el narcotráfico promulgada por el otrora presidente Felipe Calderón el discurso público (hablemos en términos de James C Scott) ha sido de erradicación de los grupos criminales y por ende reducción de la violencia (ejecuciones, atentados, masacres, extorsiones, secuestros, etc.) que estos ocasionan. Esta postura, se construyó desde una trinchera y fue bélica desde el comienzo, llevando a lo público las diversas confrontaciones entre las “fuerzas armadas” y el “narcotráfico”. De alguna manera, si el crimen organizado se enfrentaba a estrategias militares, es una premisa válida que adquirieran adiestramiento militar en cuanto a tácticas, estrategias e incluso métodos sofisticados de recuperación de información a personas rivales o gubernamentales (hablamos de las torturas).
Entonces aceptar la postura del gobierno que en el deber ser exalta el sentido patriótico y el bien común, denota la erradicación de las células criminales, pero ¿cómo? Es correcto a través de la exterminación. Entonces el gobierno en el imaginario colectivo idílico representa todo lo bueno y el narcotráfico todo lo malo, y que por ende hay que eliminar. De esta manera, lo que tenga relación, provenga o se construya desde el narcotráfico, está en guerra con el pueblo mexicano y por ende tiene que ser, a toda costa destruido. Acoto a que esta premisa se erige desde el proyecto de nación mexicana. Nuestra postura sobre la legitimación de actos gubernamentales aumenta en cuanto creemos que mitiga las acciones que percibimos como amenazas, sin importar como se haga.
Sin embargo, los grupos armados también han evolucionado, pues han adoptado la postura de “yo también erradico lo malo” obviamente sin tantas restricciones como el gobierno. Esto ha expuesto una guerra sin cuartel por el control de los actos ilícitos que se realizan en México: carteles vs carteles, carteles vs fuerzas armadas, carteles vs población general y fuerzas armadas vs población general. Las dos primeras no causan indignación a la sociedad; la 3 y 4 es la indignación misma, porque ¿cómo se meten con la gente de a pie? Es pues que el discurso institucional, social e incluso el del narcotráfico (situación aberrante que abordaré más adelante) parten de la premisa de solo “muere quien está en cosas turbias”. Aquí aparece un elemento fundamental que me parece que hasta el momento ha regulado la agenda pública del gobierno mexicano: la indignación. De esta manera, los actos tanto de las fuerzas armadas como del narcotráfico, que tengan como objetivo un grupo poblacional no reconocido como amenaza social causan indignación; mientras que los actos que se dirijan a exterminar con el mal del país son acontecimientos aplaudidos y reconocidos por la sociedad mexicana.
A partir de esta lógica, sociedad civil y gobierno tienen una pugna por la opinión pública: los primeros argumentan lo problemático de la violencia, los segundos no tratan de ocultarla sino dirigirla a que las víctimas que han cobrado merecían morir porque hacían algo ilícito, así es necro-política pura. La batalla mediática es, exaltar el principio pro-persona o vincular actos a un determinado grupo afectado para controlar y mediar la indignación; como si cometer un acto ilícito te sustrajera de todo tipo de derechos humanos garantizados constitucionalmente. Cuántas veces hemos escuchado a servidores públicos diciendo lo siguiente: “el incremento de la violencia se debe al reajuste en los grupos delictivos”. Entonces todo acto que mitigue, institucional o no, la violencia (recordemos que la violencia se acabará cuando no haya grupos delictivos), es socialmente aceptable.
Un tercer y cuarto actor en la pelea por la opinión pública, (pues son parte del fenómeno) son el narcotráfico y los medios de comunicación. El primero ha tenido relevancia pública a través de comunicados filtrados en redes sociales y que son amplificados por los líderes de la materia comunicativa; justamente quienes conforman el segundo. Pero problematicemos su relación, lo curioso de las comunicaciones del narcotráfico yace en la imposibilidad de comprobar los hechos que ellos postulan; asimismo, las confesiones obtenidas por las personas capturadas que pueden ser políticos, miembros de cuerpos policiacos o integrantes de los diferentes carteles parecen ser incuestionables. Entonces una verdad dada por este constructo abstracto que es el narcotráfico del cual tenemos diferentes pincelazos cuando los vemos en redes sociales pero que sus tentáculos se difuminan entre la sociedad civil, el gobierno, los empresarios y la realidad misma cuando sale de este entorno digital ¿Quiénes son? Esta pregunta hoy en día parece más retórica que nunca, pues el “narco” es un concepto que tiene límites pocos definidos en este país.
Retomemos la comprobación de los hechos desde un caso concreto, ¿Cómo una persona podría verificar lo que dice el narcotráfico sin poner en riesgo su vida? Algunos dirán que los hechos narrados son veraces recordando el caso de Héctor Cuén y el Mayo Zambada; pero no nos dejemos seducir por esta bendita coincidencia o este entramado de realidades; para contextualizar mencionaré brevemente dicho caso. Cuando el Mayo Zambada fue capturado el pasado 25 de julio de 2024 por un grupo de personas pertenecientes a otra facción del Cartel de Sinaloa, se dio a conocer la muerte del Héctor Cuén quien fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quien fuera opositor político del actual gobernador Rubén Moya y quien fue postulado por el PRI para diputado federal por la vía plurinominal durante el proceso electoral 2023-2024. La muerte de este personaje político fue anunciada por la Fiscalía del estado de Sinaloa como un “intento de asalto”, de hecho, presentaron un video donde se muestra la supuesta evidencia de este acto. Sin embargo, hubo muchos cuestionamientos sobre la versión de la Fiscalía pues los dictámenes de su muerte no coincidían con los horarios de los videos presentados. Es pues que una carta rubricada por el mismísimo Mayo Zambada cerró el telón de esta obra de teatro articulada por la fiscalía y postuló un nuevo performance; el líder del cartel de Sinaloa argumentó que Cuén murió en el mismo lugar que el fue capturado, a través de engaños y llevado a Estados Unidos de América. Lo sorprendente es que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y en conferencia de prensa desbarató la versión del aparato estatal confirmando que se encontraron pruebas de ADN en el lugar donde el Mayo fue “secuestrado”.
Los líderes de opinión no tardaron en tomar la fresca y seductora versión solo para legitimar la historia del capo; entonces la Fiscalía de la República actuó bien, sin embargo, este es un caso que parece “un hecho aislado” en un estado problemático tomó relevancia nacional cuando se le vinculó con relaciones estructurales entre el estado y el narcotráfico y aunque la Fiscalía General de la República, la misma instancia que ha negado la existencia de campos de exterminio en diversas partes del país articuló una versión más aceptable del caso, fue incapaz de explicar porque el Mayo Zambada creyó que se reuniría con Rocha Moya y Héctor Cuén, una buena cortina de humo.
Desde este punto mi intención no es la conversión de la sociedad mexicana en nihilistas por excelencia sino comenzar a cuestionar la metodología desde la cual hemos construido el fenómeno del narco; en el caso expuesto hay dos versiones: ambos casos con “evidencias” desde aparatos gubernamentales para narrar una historia; ¿qué se quería narrar en cada una de ellas? Desde mi punto de vista, la versión estatal ayudaba a particularizar los hechos, todo era una coincidencia y no hubo acciones devenidas de constructos estructurales que debería preocuparnos; la versión federal expuso una postura urgente para acallar otros cuestionamientos, se corrige la plana de la fiscalía estatal, pero se narra una historia con más huecos que pilares. ¿Cómo construimos la verdad en el mundo del narcotráfico? A partir de coincidencias diría yo ¿entre quienes? Entre lo formal e informal ¿Dónde coinciden?
La narrativa de esta columna yace en la transformación de una verdad institucional en un modelo cultural que replique comportamientos violentos, hegemónicos y hasta necro-políticos, es decir, cómo la construcción de un arquetipo de delincuente desde lo institucional contribuye a canalizar la indignación de las personas y a dosificar las exigencias ciudadanas solo en los casos donde “se les pasa la mano” y donde haya indicios que las personas afectadas no son potenciales rivales de la sociedad. Ya ni siquiera importa que no sean criminales consumados, pues con solo poner en duda el estilo de vida de una persona es causal suficiente para justificar su pérdida.

Escrito por Índigo.







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