18 de marzo, 2026. León, Guanajuato.

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Antecedente histórico de la política exterior estadounidense

La política exterior bélica de Estados Unidos no comenzó con Donald Trump. Los documentos que respaldan este hecho durante más de dos siglos son la Doctrina Monroe y el Corolario de Roosevelt, publicadas en los siglos XIX y XX.

La Doctrina Monroe, formulada en 1823, surgió como una advertencia frente a nuevas intervenciones europeas en América para así apoyar a las naciones que se habían independizado de potencias europeas, principalmente de España. Sin embargo, su función de trasfondo ha sido utilizado como una herramienta discursiva de delimitación de esferas de influencia (Office of the Historian; Britannica Editors, 2026a). Estados Unidos partía con la ventaja hereditaria de ser un país moderno, industrializado y con valores homogéneos de la Ilustración siendo una sociedad WASP (White Anglo Saxon Protestant) que permitió la unidad nacional a la par de una industrialización armamentística con una cultura pro armas con base en su Segunda Enmienda. 

El Corolario de Roosevelt profundizó esta dirección al sostener que los casos wrongdoing en América Latina implicaba que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos internos de los países de la región, bajo una lógica de policía hemisférica (Britannica Editors, 2026b). Un caso ejemplar donde intervino Theodore Roosevelt fue en Colombia, ya que, durante su gestión, buscaba concretar uno de los principales proyectos de infraestructura que permitirían consolidar la expansión estadounidense: El Canal de Panamá. Desde Washington, se lanzó la propuesta a Colombia, país que no la rechazó, pero que la trasladó a su proceso político interno, el cual debía pasar por ambas cámaras del Congreso y por el Ejecutivo. Ante ello, con suma indignación, Roosevelt despotricó y descalificó abiertamente a las autoridades colombianas, describiéndolas como “colombianos bandidos” (Colombian bandits) y afirmando que “no se podía llegar a un acuerdo con los gobernantes colombianos más de lo que se puede clavar una gelatina en la pared”. A estas expresiones insultantes se suman “corruptos homicidas y estúpidos” (foolish and homicidal corruptionists), cobardes (jackrabbits), “esas pequeñas criaturas despreciables” (Those contemptible little creatures), entre otros (LaFeber 1989, p. 28 en Rabe, 2011, p. 281-288). En consecuencia, y contra la propia autonomía del país, Estados Unidos apoyó a un grupo insurrecto de panameños, de ahí la fundación de Panamá, apoyado por estadounidenses que no apoyarían un proceso político interno en América Latina, no si éste perjudicaba sus intereses. 

Guatemala es el caso donde marcó un hito de la intervención estadounidense con el Nuevo Orden Mundial (Valdés Ugalde, 2007) posterior a la Segunda Guerra Mundial, época histórica donde Europa pasa de ser el sujeto político dominante internacional a ser un objeto político, territorio, recursos y población disputados entre las nuevas potencias globales: la Unión Soviética y Estados Unidos (Brzezinski, 2019, p. 9). El contraste de trato fue abismal entre Europa y América Latina. 

Mientras en Europa del Oeste y Japón se buscaba invertir en infraestructura y tecnología ante el bloque del este como una “muralla de contención” anti comunista, donde a Japón se le apoyó para controlar a China (Brzezinski, 2019, p.156), y a Alemania para resistir al bloque comunista de Europa del Este (Brzezinski, 2019, p. 13), en Latinoamérica se buscaba mantener un régimen económico pro mercado global, anti estatista, señalando cualquier intento de una política de Estado de Bienestar -social, no necesariamente socialista- era visto como una “amenaza socialista” y era aplacado por las Fuerzas Armadas, apoyados principalmente por la CIA a través de su Plan Cóndor (Central Intelligence Agency, 1976)

Como mencionaba, Guatemala en 1954 padeció la primera intervención estadounidense en este NOM por la amenaza que hacía el gobierno de Jacobo Arbenz ante la United Fruit Company, empresa privada estadounidense que era dueña de una tercera parte del territorio nacional del país (Valdés Ugalde, 2007). Durante el siglo XX de 1954 al 2000, América Latina padeció de intervenciones directas e indirectas del Gobierno de Washington (Monter, 2025), de manera más específica, de 1898 a 2004, se identifican 41 cambios de régimen político -17 directas y 24 indirectas- donde el gobierno estadounidense generó inestabilidad económica y crisis políticas (Coatsworth, 2006). 

Visto desde América Latina, ambos principios no constituyen simples antecedentes históricos, sino la base doctrinal de una larga tradición intervencionista. En ese sentido, la política exterior estadounidense hacia la región ha oscilado entre la tutela, la presión económica, la intervención militar y la administración indirecta del orden político. Lo que cambia entre un momento y otro no es tanto la lógica de fondo, sino la justificación utilizada según la época: fue una amenaza europea durante el siglo XIX, después lo eran los gobiernos pro estatistas que eran acusado de comunistas, en la actualidad, Donald Trump ha firmado un decreto donde dictamina que los grupos narcotraficantes del crimen organizado son considerados terroristas.

Esto a la par de que, las amenazas externas de la región son principalmente China y Rusia, además de la competencia, está de por medio la carrera del control por los recursos naturales estratégicos como los energéticos, tales como el petróleo, gas natural, litio, entre otros. Un reflejo de esto es el Mine Act propuesto por el congresista Ken Calvert, donde explícitamente afirman que la presencia de mineras rusas y chinas en la región latina representan un riesgo de seguridad nacional por la explotación de recursos mineros energéticos estratégicos (Calvert, 2022).

Menciones políticas trumpianas durante el primer año de su segunda gestión

Donald Trump tomó protesta nuevamente en enero de 2025, siendo el primer presidente reelecto en un segundo término separado de su primera gestión (2016-2020 y 2024-2028). Desde entonces, ha realizado múltiples declaraciones que evidencian interés por expandir presencia territorial desde lo económico/comercial a lo militar en el hemisferio occidental. La diferencia respecto a otros periodos no es el contenido de sus objetivos, que ya no utiliza el guión de “democracia y libertad”, sino que se conduce directamente al interés de recursos como el petróleo, así como de rutas comerciales estratégicas para el futuro. Por lo que, en vez de recubrirlos con diplomacia, Trump ha optado por verbalizar abiertamente una lógica imperial de reposicionamiento. 

Entre esas menciones destaca Canadá y Groenlandia. Trump insistía en la idea de que se tornara en el “estado 51”, al tiempo que acompañó esa presión con disputas arancelarias y comerciales que han deteriorado la relación entre ambos gobiernos, afectando hasta a 2.4 millones de trabajo entre ambos países (Canadian Labour Congress, 2025). La disputa no es sólo simbólica: Ambos países han sido aliados cercanos y socios clave para el crecimiento y seguridad entre sí. Entre algunos puntos, Canadá es uno de los principales proveedores energéticos de Estados Unidos, por lo que cualquier fricción sostenida repercute directamente en precios y costos para consumidores estadounidenses, especialmente en las regiones fronterizas y del norte del país, como ya ha sucedido durante el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump (Dupuis, 2025).

Otro territorio señalado con interés desde la primera gestión, pero en esta segunda gestión con una mayor fuerza, el caso de Groenlandia, propiedad del Reino de Dinamarca. Trump insistió en la necesidad de controlar la isla ártica, tanto por un frente con Rusia como un espacio estratégico comercial en el futuro para las rutas marítimas de un Ártico desaparecido. Esto lo ha llevado a una crisis con sus socios europeos de la OTAN (Edwards, 2026). Lejos de ser un mero capricho personal -lo ha hecho sonar así-, Groenlandia representa rutas marítimas emergentes, minerales críticos y de una proyección militar en la zona del Ártico. La crisis derivada de dicha presión ha generado una percepción europea de traición estratégica y ha contribuido a que sectores del continente marquen mayor distancia respecto a Washington, hecho notorio en medio de su guerra actual contra Irán (Reuters, 2026).

También está el Golfo de México. Trump ha mostrado continuo interés en espacio y recursos en territorio mexicano, pero en una relación de “noble-súbdito”, o más orgánicamente hablando “dominante-dominado”. El intento de renombrar el Golfo de México o resignificarlo políticamente forma parte de una disputa más profunda por recursos, jurisdicción y narrativa geopolítica. Más allá de gestos simbólicos, el fondo del conflicto es que Estados Unidos no puede, en términos del derecho internacional, redefinir unilateralmente soberanías ni apropiarse de espacios marítimos que corresponden a otras jurisdicciones. En el caso mexicano, el tema remite no solo a límites territoriales, sino también a potenciales yacimientos energéticos en zonas que Washington no debería explotar sin violar el marco jurídico internacional. 

Sin embargo, en consideración de la captura ilegal, indebida y anticonstitucional del gobierno estadounidense trumpiano del Jefe del Poder Ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, resulta complejo creer que podrían respetar en la actualidad acuerdos de dicha índole. 

Por último, no menos importante, mencionaba ampliamente el Canal de Panamá. Trump retomó el discurso de que Estados Unidos debe “recuperarlo para los Estados Unidos”, aun cuando Panamá ha reiterado que su soberanía sobre dicho canal no está en discusión (Reuters, 2025c; Reuters, 2025d).

Hechos actuales: Venezuela con régimen bolivariano pero sin Maduro; nueva guerra con Irán. Posible próximo afectado: Cuba

El caso más avanzado en esta lógica es Venezuela. Anteriormente había escrito sobre la exposición y vulnerabilidad del régimen chavista en Venezuela ante los conflictos por los que atraviesan cada uno de sus aliados externos: Rusia, China e Irán.

Rusia continúa en guerra con Ucrania desde febrero 2022, China busca anexar a Taiwán antes del 2030, Irán en su cercanía geográfica con Israel, las siete bases militares estadounidenses en los países de la región en el Comando Central, y su actual guerra declarada por los propios Estados Unidos, llevó a Venezuela a estar sola ante un EE.UU. trumpista, necesitado de la circulación de petróleo en la compra/venta. 

En ese marco, Venezuela funcionó como un laboratorio de intervención hemisférica. Su peso no radica únicamente en el chavismo como régimen, sino en la combinación entre reservas energéticas, posición geoestratégica y vínculos con actores que Washington considera amenazas: Irán, China y Rusia (Vidal & Wietchikoski, 2022).

Ese punto ya lo había advertido hace un año: el caso venezolano no puede leerse solo desde su dinámica interna, sino desde su ubicación en un sistema internacional tensionado entre un frente estadounidense y otro oriental, particularmente liderado China y Rusia. Lo que hoy ocurre confirma esa lectura. La ventana de oportunidad para la presión sobre Caracas se amplió precisamente porque los aliados de Venezuela enfrentan restricciones propias. 

Irán, por ejemplo, estaba padeciendo de crisis internas económicas y sociales, sin embargo, ante la guerra, es posible que el resultado del asesinato del ayatola por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelitas, reunificara a gran parte de la población contra un enemigo en común.  

Incluso en Washington hubo fisuras respecto de la justificación de esa guerra: la renuncia del director del National Counterterrorism Center, Joe Kent, acompañada de su postura de que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, reveló divisiones internas sobre la narrativa de seguridad empleada por la Casa Blanca (Debusmann Jr., 2026).

Venezuela, en conciencia, quedó más expuesta. Sin un respaldo efectivo y contundente externo, y con la falta de popularidad de Nicolás Maduro ante sectores chavistas clave como fuerzas militares, facciones del PDVSA y del PSUV y del sector popular, desembocó en una entrega de su figura como presidente, más no necesariamente del régimen chavista en el país (Blanco, 2026). 

En ese contexto, la intervención estadounidense en Venezuela ha sido el primer gran golpe político y económico que ha dado Trump en su gestión, siendo que no estaba entre las mencionadas (Canadá, Groenlandia, Golfo de México o el Canal de Panamá).

Si Venezuela representa la prueba, Cuba aparece como el siguiente puente. 

El Caribe tiene un valor geopolítico enorme como espacio de rutas, energía, seguridad y control regional. La isla no es solamente un régimen histórico-político-ideológico de resistencia ante el Gobierno de Washington, sino también una pieza de alto valor simbólico y estratégico. Por eso importan tanto las declaraciones de Trump en marzo de 2026. En declaraciones reportadas por The Guardian, afirmó que tendría “el honor de tomar Cuba”, en un contexto de bloqueo petrolero, apagones generalizados más constantes y negociaciones tensas con La Habana (The Guardian, 2026). Esas palabras no son cuestiones ajenas, sino que condensan una lógica de presión económica para una desestabilización que desembocará en una crisis política más fuerte de manera abierta sobre la isla. 

Cuba, además, no solo padece el embargo histórico, sino también una nueva presión energética derivada del corte o bloqueo de suministros petroleros, incluidos los provenientes de Venezuela y México, tema reportado en meses recientes (Daniels, 2026). Así, la isla podría convertirse en el siguiente caso en el que Washington combine asfixia económica, chantaje político y una intervención directa. 

Alta polarización de política internacional en América Latina 

América Latina aparece hoy crecientemente polarizada entre gobiernos más alineados con Washington y otros que todavía intentan mantener márgenes de autonomía. Esta fractura no es meramente ideológica; también es funcional a disputas por seguridad, inversiones minerales críticos y modelo económico. Desde Pekín incluso se ironizó sobre algunos gobiernos proestadounidenses como “polluelos cuidados por el águila americana”, una imagen que busca ridiculizar la subordinación regional a Washington (Munoz & Saltman, 2026). 

En este grupo de gobiernos más cercanos a Estados Unidos destacan experiencias neoliberales o de fuerte afinidad estratégica, como la de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador. En el caso salvadoreño, si bien la reducción de homicidios y el control territorial del crimen son evidentes, ello no equivale a una mejora estructural de las condiciones sociales: el Banco Mundial documentó tasas de pobreza todavía elevadas, superiores a una cuarta parte de la población en años recientes (Meriguet, 2025). El dato importa porque muestra que la seguridad puede mejorar mientras la vulnerabilidad económica puede persistir e incrementar. 

A ello se suma la centralidad del litio en el Cono Sur. Argentina, Bolivia y Chile concentran una parte crucial de los recursos mundiales de este mineral crucial de los recursos mundiales de este mineral crítico, indispensable para baterías, vehículos eléctricos y transición energética. La región posee un estimado del 75% del white gold (litio) a nivel internacional, recurso estratégico de alto peso en disputa global (Ahmad, 2020). En ese marco, los alineamientos políticos de gobiernos como los de Argentina, Bolivia o Chile dejan de ser solo asuntos internos y adquieren proyección geoeconómica global.

Del otro lado: Brasil, Colombia y México

Frente a ese bloque más cercano a Washington, quedan países cuya posición será decisiva: Brasil, Colombia y México. Los tres tienen peso regional suficiente para influir en el futuro equilibrio latinoamericano. Brasil conserva políticamente hablando estatura continental y capacidad de articulación diplomática, miembro de los BRICS -Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica- es un país que ha mostrado liderazgo en el Cono Sur en distintas ocasiones. Colombia, por su peso en materia de seguridad y por su relación histórica con los Estados Unidos debido a su posición geoestratégica -salidas a Océano Pacífico y Atlántico- y cercanía a la Guyana y al propio Canal de Panamá, sigue siendo una pieza central del diseño hemisférico. México, por su vecindad, tamaño económico, interdependencia comercial y condición fronteriza, así como demografía en los estados de California y Texas, que de manera independiente serían sexta y octava potencia económica en el mundo, tanto en términos diplomáticos, económicos o securitarios. En otras palabras, no se trata solo de quién apoya a Washington, sino de qué margen queda para construir autonomía regional en un contexto cada vez más conflictivo. 

Posibles escenarios futuros

El escenario futuro luce especialmente inestable. En Medio Oriente, la guerra con Irán ha mostrado que incluso dentro del aparato estadounidense existían dudas sobre la justificación de la ofensiva. Al mismo tiempo, hubo advertencias de seguridad y señales de alta tensión sobre posibles represalias, sin que ello se tradujera siempre en narrativas coherentes o transparentes desde Washington. En este punto, más que certezas absolutas, lo que domina es la opacidad. 

En paralelo, Europa atraviesa una fragilidad creciente. La presión sobre Groenlandia, la crisis de confianza transatlántica y la guerra en Ucrania configuran un escenario en el que la OTAN se ha resentido, al punto de no apoyar en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ante ello, Rusia ha visto ampliado su margen de maniobra sobre Europa oriental y el continente en su conjunto quedaría en una situación más vulnerable. No se diga si se tomara Groenlandia en algún punto del futuro cercano. Las bases militares que predominan en la isla son meramente estadounidenses.

China, por su parte, sigue concentrada en Taiwán. El propio debate estratégico sobre la meta de avanzar hacia su anexión hacia 2030 ha sido trabajado y señalado por el gobierno de Pekín, que subraya el cálculo de Beijing respecto del momento y las condiciones para una acción más decidida sobre la isla (Amonson & Egli, 2023). Eso implica que China difícilmente colocará a América Latina en el centro absoluto de su política exterior cuando el Indo-Pacífico sigue siendo su prioridad inmediata, permitiendo a China ganar mayor espacio en el Mar Meridional de China, una mayor cercanía con Japón y mayor distancia en el Pacífico, expulsando a Estados Unidos de la zona.

En ese contexto, Cuba gana centralidad en el tablero político internacional. Así como Taiwán representa un espacio de oportunidad para China, Cuba lo es para los Estados Unidos en el Mar Caribe. 

Trump verbalizó que quiere tomar la isla y a Venezuela a la nombró como el estado 51, mención que dejó de hacer Canadá después de las acciones coercitivas energéticas que le costaron ampliamente a la población del norte. Cuba es tomado como un objeto explícito de deseo geopolítico estadounidense en el corto plazo. La pregunta, entonces, no es solo si Washington puede hacerlo, sino qué costo regional y global tendría intentarlo. 

La tesis de fondo es clara, el primer año de la segunda gestión de Trump no muestra una política exterior improvisada, sino una reactivación hemisférica de doctrinas históricas estadounidenses, combinada con presión simultánea sobre puntos estratégicos globales. Canadá, Groenlandia, el Golfo de México y el Canal de Panamá han sido señales factibles de expectativas de políticas futuras. Venezuela, ha sido un caso consumado; Cuba, es posible siguiente objetivo en la región. Lo trascendente de esto es comprender que, en América Latina, se ha vuelto nuevamente terreno donde vuelve a ponerse a prueba hasta dónde pueden llegar los intereses reflejados en política exterior que mezcla control territorial, recursos críticos, chantaje económico y lenguaje de excepción…

**David Prado Cervera es politólogo por la Universidad de Guanajuato y es profesor de Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey.

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